El operativo “Gran Fénix 32”, ejecutado recientemente en Machala, generó controversia nacional tras conocerse los resultados de las audiencias de flagrancia realizadas el 16 de julio, donde varios detenidos, presuntamente vinculados a la banda criminal “Los Lobos”, fueron liberados por decisión judicial.
El Ministro del Interior, John Reimberg, denunció a través de su cuenta oficial en X que, pese a contar con evidencias balísticas y otros indicios que relacionan a los detenidos con grupos delictivos organizados, los jueces optaron por medidas cautelares leves e incluso la liberación inmediata de cinco personas.
En la primera audiencia, presidida por la jueza María Fernanda Gallardo Muñoz y con la participación del fiscal Paul Íñiguez, se calificó como legal la detención de Jaime Enrique Santacruz Cruz, alias “Mito”, y otros seis capturados. Sin embargo, la jueza decidió dejar en libertad a cinco de los detenidos y dictó únicamente presentación periódica para Cuenca J.
En la segunda audiencia, liderada por el juez Ramiro Fernando Loaiza Ortega y el fiscal Junot Minuche Cuesta, se dictaron medidas cautelares con presentación cada 30 días para Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, alias “Ronquillo”.
Ambos sujetos tienen antecedentes penales, y fueron aprehendidos con pruebas periciales que, según Reimberg, incluyen un informe balístico que confirma la aptitud de disparo positiva de un arma incautada, así como elementos que evidencian su vínculo con “Los Lobos”.
El ministro expresó su preocupación por el accionar de algunos operadores judiciales, señalando que incluso uno de los fiscales increpó a los policías por mencionar la conexión con la banda en el parte oficial.
“Mientras el Gobierno Nacional enfrenta con firmeza al crimen organizado y arriesga la vida de su personal en operativos complejos, ciertos operadores de justicia optan por dejar en libertad a quienes representan una amenaza directa a la seguridad del país. Esta falta de coherencia es sencillamente inaceptable.” – escribió en su pronunciamiento.
El caso ha generado un fuerte debate sobre la actuación de la justicia frente al crimen organizado, en un momento en que el país vive una crisis de seguridad sin precedentes.