Desde la madrugada de este lunes, 20 de octubre, la Panamericana Norte y varias carreteras internas permanecen bloqueadas con piedras, troncos y montículos de tierra. El tránsito entre los cantones de Imbabura es casi imposible. Helicópteros del Gobierno han tenido que movilizar alimentos, medicinas y cilindros de gas para las comunidades más aisladas.
Otavalo es una de las ciudades más afectadas. Negocios cerrados, poca circulación de personas y clases presenciales suspendidas en varias escuelas reflejan el impacto del paro que ya suma cinco semanas.
El Gobierno anunció este domingo que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo. En un comunicado oficial, aseguró que no cederá ante lo que considera “imposiciones que rompen la palabra de lo acordado”.
Y es que Marlon Vargas, presidente de la Conaie, afirmó en la asamblea de la Confeniae que los pueblos amazónicos exigen un salario básico de $650 para servidores públicos y maestros. Vargas aseguró que la medida busca responder al aumento de precios de combustibles y la pérdida del poder adquisitivo.
Mientras tanto, los cinco pueblos kichwas de Imbabura emitieron este lunes un comunicado ratificando su disposición al diálogo, pero también la decisión de mantener la movilización hasta que se libere a los 12 detenidos de Otavalo y se retire la fuerza pública de los territorios indígenas.
El expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, también responsabilizó al Gobierno de romper los puentes de diálogo.
Mientras desde Quito el alcalde Pabel Muñoz pidió evitar que la violencia siga marcando la vida nacional. “Ningún ecuatoriano debe resignarse a que la violencia y el terror sean el futuro de nuestra sociedad”, escribió el burgomaestre e instó a que el Gobierno y los manifestantes encuentren una solución basada en el diálogo.