Con 77 votos a favor, 3 en contra y 63 abstenciones, el Legislativo dio luz verde a la resolución que apoya las acciones del Gobierno para desarticular la minería ilegal y los grupos delictivos que la protegen.
Los asambleístas coincidieron en que esta práctica representa una amenaza directa al ambiente, al orden público y a la economía del país, con pérdidas millonarias y graves afectaciones a las comunidades.
El asambleísta correísta, Gerardo Machado, coincide en que se debe combatir la minería ilegal, pero asegura que se debería investigar a quienes reprimieron con el uso excesivo de la fuerza a sectores sociales que salieron a pedir mejores condiciones de vida.
La resolución también exhorta a las instituciones del Ejecutivo a fortalecer el control y la sanción de estas actividades, además de erradicar la corrupción que ampara a las redes mineras ilegales.
Los legisladores pidieron aumentar las penas para los delitos asociados, como la trata de personas y el sicariato, y cuestionaron cómo los grupos ilegales se enteran con anticipación de los operativos policiales.
La Asamblea, además, se comprometió a dar seguimiento técnico y transparente a las políticas públicas para frenar este flagelo.