Por primera vez en 17 años, los ecuatorianos votarán si quieren mantener o eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional.
El Gobierno de Daniel Noboa sostiene que el cambio es necesario ante el incremento de la violencia y el avance del crimen organizado.
Según la Policía, 2025 es el año más violento de la historia del Ecuador, con más de 7.400 asesinatos y 78 masacres registradas hasta octubre.
El Ejecutivo argumenta que permitir la cooperación militar internacional fortalecería la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El presidente ya ha mencionado posibles lugares donde podrían operar estas bases: Manta, Salinas y Baltra, en Galápagos.
En todas estas ciudades ya hubo presencia militar estadounidense en el pasado.
“El crimen organizado mata más gente que una guerra. Ecuador necesita cooperación internacional real, con apoyo técnico y presencia militar si es necesario. No podemos enfrentar solos a estos grupos”, aseguró Ines Alarcon, asambleísta de ADN.
Pero no todos están de acuerdo. Expertos constitucionalistas advierten que la medida podría poner en riesgo la soberanía nacional y repetir errores del pasado.
Para el constitucionalista, Mauro Andino, “no hay evidencia de que las bases extranjeras reduzcan el narcotráfico. En Colombia no lo hicieron, y en la base de Manta hubo más de cien violaciones a los derechos humanos que quedaron impunes.”
El Ejecutivo también ha hablado de acuerdos con Brasil para instalar bases de cooperación conjunta en la Amazonía, en Orellana y Sucumbíos, con el fin de frenar la minería ilegal y el tráfico de armas.
La decisión final estará en manos de los ciudadanos el próximo 16 de noviembre.