El Gobierno de Estados Unidos reveló una propuesta enviada a Ecuador el 16 de julio de 2025. El documento, difundido por el Departamento de Seguridad Nacional, plantea un mecanismo para el traslado digno, seguro y temporal de ciudadanos de terceros países que buscan protección internacional dentro del territorio estadounidense.
La nota diplomática, enviada por la Embajada en Quito, señala que se trata de personas que no son ecuatorianas ni estadounidenses, pero que han solicitado protección en Estados Unidos alegando riesgo de regresar a sus países de origen.
El acuerdo establece que Estados Unidos podrá proponer los traslados y Ecuador podrá aceptarlos o rechazarlos caso por caso. No es un mecanismo automático. Ambas naciones deberán actuar bajo las convenciones internacionales sobre refugiados, la Convención contra la Tortura y sus respectivas leyes migratorias.
Uno de los puntos centrales es la prohibición de devolución: Ecuador no podrá retornar a nadie trasladado mientras exista una solicitud de protección pendiente.
El acuerdo aclara que Estados Unidos no enviará menores no acompañados y que Ecuador deberá definir qué pasará con quienes no quieran solicitar protección. Además, se requerirá un instrumento posterior con los procedimientos operativos, criterios de elegibilidad y la asistencia bilateral necesaria.
Sin embargo, la nota es clara: la implementación dependerá de la disponibilidad de fondos y no genera compromisos financieros para ninguno de los dos países. También podrá ser suspendida o terminada por cualquier parte mediante una notificación escrita.
