El caso Progen, uno de los mayores escándalos financieros recientes, continúa en punto muerto. Pese al perjuicio superior a 140 millones de dólares entregados por el Estado para un supuesto parque energético que nunca se concretó, la Fiscalía mantiene la investigación sin avances visibles y sin claridad sobre funcionarios procesados o detenidos.
Este miércoles, el contralor Mauricio Torres recordó que la entidad sí identificó responsabilidades administrativas y penales. Sin embargo, el expediente permanece inmóvil desde hace meses.
En la negociación original con Progen participaron la exministra de Energía, Inés Manzano; el exministro de Obras Públicas, Roberto Luque; y el entonces viceministro Fabián Calero. De todos ellos, solo Calero enfrenta una investigación… y la cumple en libertad.
No se conoce qué otros funcionarios podrían estar bajo indagación. La Fiscalía maneja el caso de forma reservada y hasta ahora no publica información que permita conocer el estado real del proceso. La falta de respuestas incrementa la presión pública y política.
Y este no sería el único problema. El contralor adelantó la existencia de un nuevo presunto acto de corrupción relacionado nuevamente con Progen, sin ofrecer más detalles por encontrarse en investigación.
Mientras la Fiscalía sigue sin pronunciarse, el país continúa sin saber qué pasó con los 140 millones de dólares y quiénes serán finalmente responsables.
