La reacción del Gobierno no tardó. Tras conocerse el fallo arbitral que ordena a Ecuador pagar 220 millones de dólares a Chevron —una cifra reducida desde los 3.350 millones que reclamaba la petrolera— la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, responsabilizó a decisiones políticas adoptadas en gobiernos anteriores. Aseguró que el proceso fue “politizado” y que aquello terminó contaminando un caso que debía resolverse en el ámbito judicial.
“Los caprichos y delirios del correísmo hoy nos cuestan 220 millones de dólares. Ningún ecuatoriano debe olvidarlo”. Escribió en su cuenta de X.
La Procuraduría informó que el tribunal internacional aceptó la mayoría de los argumentos presentados por la defensa del Estado, y que gracias a eso Ecuador evitó desembolsar más de 3.100 millones adicionales. Pese a esta reducción, la decisión reavivó la disputa política dentro del Legislativo.
La bancada oficialista ADN ofreció este miércoles una rueda de prensa. Señaló que el correísmo “amañó” el proceso judicial en el caso Chevron y que esa intervención derivó en la sanción internacional que hoy enfrenta el país.
“Estuvimos a nada de una catástrofe económica. Una mano negra vinculada al correísmo manipuló la justicia y puso al país al borde de pagar más de 3 mil millones”, aseguró el legislador Xavier Ordoñez.
Ordóñez sostuvo que entre los años 70 y 90 hubo explotación petrolera conjunta entre Texaco y el Estado, y que administraciones posteriores certificaron la remediación ambiental. Sin embargo, acusó a la Revolución Ciudadana de convertir el caso en una bandera política para perseguir una indemnización millonaria.
La respuesta llegó desde la bancada correísta. El asambleísta Comps Córdova criticó que el Gobierno considere “positivo” pagar 220 millones a la petrolera, cuando —afirmó— fueron las comunidades amazónicas las que cargaron con las consecuencias ambientales y sociales.
Córdova recordó que en 2009 la justicia ecuatoriana ordenó a Chevron pagar más de 9.000 millones por daños ambientales, y acusó a varios gobiernos de firmar acuerdos que liberaron a la empresa de responsabilidades. Aseguró incluso que se hicieron gestiones políticas para impedir que esa sentencia se ejecute.
El arbitraje internacional iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum, conocido como “Chevron III” se encontraba en su fase denominada Track III, destinada exclusivamente a la cuantificación de daños sobre una responsabilidad ya establecida en 2018.
