El caso Chevron vuelve a sacudir la agenda nacional. Un laudo de un Tribunal de Arbitraje Internacional confirmó una denegación de justicia y ordenó al Estado ecuatoriano pagar 220 millones de dólares a la petrolera estadounidense, una cifra menor a los más de 3 mil millones inicialmente reclamados, pero que genera una fuerte reacción social.
Tras conocerse la decisión, la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco, hoy Chevron, ofreció una rueda de prensa para rechazar el pago y advertir que iniciarán acciones legales, incluida la solicitud de embargo de ese monto.
Mayra Piaguaje, Presidenta Nacionalidad Siekopai aseguró que “es indignante por todo esto, lo que ha causado, por las enfermedades, los daños ambientales que ha causado en la Amazonía y que ahora se quiera pagar a Chevron”.
La dirigenta indígena recordó que, pese al tiempo transcurrido, la contaminación sigue presente en la Amazonía.
“En los medios de comunicación se dice que nuestro caso que empezó hace 32 años es fraudulento. Pero yo quiero indicar que esa contaminación aún persiste”.
Desde la organización de afectados, también cuestionan la postura del Estado ecuatoriano frente al fallo internacional.
“Cuándo va a haber justicia, ni siquiera el Estado nos respalda en nuestras luchas, debería ser una obligación del Estado de apoyarnos”, sostuvo Ramiro Ortiz, subcordinador UDAPT
Ortiz detalló que, en el arbitraje, Chevron solicitó la anulación del fallo ganado por las comunidades, impedir que se ejecute en otros países, que Ecuador asuma los costos judiciales y que los afectados demanden de manera individual a la petrolera.
Mientras tanto, el Estado aún analiza cómo cumplir con el pago. Ecuador puede solicitar correcciones al laudo o presentar una acción de anulación en Países Bajos, aunque la obligación de pago se mantiene.
Para las comunidades amazónicas, el debate no es solo jurídico ni financiero. Es una disputa por memoria, reparación y justicia ambiental, en un conflicto que, más de 30 años después, sigue abierto.