Más de un año después de la desaparición y muerte de cuatro menores en el sur de Guayaquil, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas dictó una de las sentencias más severas contra miembros de las Fuerzas Armadas en la historia reciente del país.
Once de los diecisiete militares procesados por el caso Malvinas fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada.
Otros cinco recibieron penas reducidas de 30 meses, tras colaborar como cooperadores eficaces con la Fiscalía.
Un oficial fue declarado inocente.
El tribunal estableció que la noche del 8 de diciembre de 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana interceptó ilegalmente a Josué, Ismael, Nehemías y Steven, adolescentes de entre 11 y 15 años.
Según la sentencia, los militares rompieron protocolos, desviaron su ruta de patrullaje y trasladaron a los menores en vehículos oficiales hasta un sector rural y aislado conocido como “el Árbol Caído”, en Taura.
La resolución judicial detalla que existió unidad de acción, mando jerárquico y control operativo durante todo el procedimiento.
El tribunal concluyó que los menores fueron sometidos a intimidación armada, golpes, insultos racistas, desnudez forzada y amenazas, quedando en total estado de indefensión.
Para los jueces, no hubo errores ni excesos aislados, sino dolo, ocultamiento y un pacto de silencio.
Los informes oficiales, los registros GPS, los testimonios y los relatos de los cooperadores eficaces desmontaron las versiones iniciales de los militares, quienes incluso reportaron su regreso a la base “sin novedades”.
El fallo señala que las víctimas fueron abandonadas en un lugar peligroso y desolado, hecho que derivó directamente en su muerte.
Días después, sus restos calcinados fueron hallados en manglares de difícil acceso, a once kilómetros al sur de Taura.
Además de las penas de cárcel, el tribunal ordenó el pago de multas millonarias, indemnizaciones económicas a las familias, disculpas públicas, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura y capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar.
La sentencia también dispone la rectificación pública de versiones difundidas en medios y redes sociales que estigmatizaron a las víctimas, dejando claro que no eran delincuentes, sino víctimas inocentes de un crimen de Estado.