La Fiscalía decidió no acusar a Antonio Gonçalves dentro del caso Progen. El exministro de Energía y Minas era investigado por un presunto delito de peculado relacionado con los contratos de generación eléctrica de emergencia en Salitral y Quevedo.
La investigación se originó durante la crisis energética de 2024 y puso bajo análisis convenios suscritos entre Celec EP y la empresa Progen Industries LLC, que incluyeron millonarios anticipos y posteriormente fueron cuestionados por retrasos e incumplimientos.
Según Fiscalía, durante la investigación no se encontraron elementos que vinculen directamente a Gonçalves con las decisiones operativas de estos contratos.
Además, certificaciones del Banco Central y de Celec señalaron que Gonçalves no tenía firma registrada ni autorización para ordenar o aprobar transferencias internacionales o pagos a la contratista.
Pero la decisión ya genera cuestionamientos entre los abogados de los funcionarios que permanecen procesados.
“Si la falta de una firma autorizada para ordenar transferencias es el argumento para no atribuir responsabilidad a Gonçalves, Manzano y Luque, esa misma lógica debería aplicarse a los funcionarios de menor rango que continúan procesados”, cuestionó Jorge Luis Ortega, defensor de Daniel Suárez, técnico de Celec.
Ortega también sostiene que la decisión debería ser revisada y apunta a la Procuraduría General del Estado, que presentó una acusación particular dentro del proceso.
“La Procuraduría General del Estado, al haber presentado una acusación particular, debería solicitar que esta decisión sea revisada.”
El dictamen también modifica la situación procesal del exministro: al quedar fuera de la investigación, Gonçalves pierde el fuero especial que correspondía a la Corte Nacional de Justicia.
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pidió que el expediente sea sorteado a un juez de fuero común para continuar con el proceso contra los demás involucrados y determinar sus responsabilidades individuales.