La designación de Raúl  Gonzáles como superintendente de Bancos todavía sigue en duda.

La Asamblea Nacional posesionó a Raúl Gonzáles como superintendente de bancos, pero el consejo de participación sigue el curso para designar a un nuevo titular, lo cuál expondrá a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la disyuntiva acerca de si existen los votos para aprobar futuras resoluciones.

Por su parte, el 5 de agosto del presente año,  Guillermo Lasso envió al Consejo su nueva terna con tres candidatos para ocupar el titular en la Superintendencia, luego de que la jueza Larissa Ibarra aceptó una acción de protección y anuló la designación de Gonzáles.

La nueva terna está compuesta por Roberto Romero von Buchwald, Rosa Herrera Delgado y Felipe Cabezas-Klaera, esta fue revisada por un equipo técnico de servidores del Consejo. En el tratamiento de la terna no se conformó  un nuevo equipo técnico ni una nueva veeduría ciudadana que garantice la transparencia del proceso.

No obstante, los tres consejeros de minoría comunicaron que »No existe de manera oficial ningún otro proceso para designar superintendente de bancos. El Pleno del Consejo no ha resuelto iniciar ningún otro proceso.  La posición de Ulloa es unilateral», en un comunicado expuesto el día lunes de esta misma semana. Bravo debe definir si es que se continuará con el proceso para elegir a otro titular par la Superintendencia.

La pregunta que se ha abierto para debate es ¿La Asamblea desacató la Ley?

Se conoce que el pasado 11 de agosto la Asamblea posesionó a Raúl Gonzáles como Superintendente de Bancos, pero Benavides aclara que la asamblea desacató una decisión jurisdiccional, por lo que la inmunidad parlamentaria los protege en demandas civiles o penales, mas no de carácter constitucional, por lo que si sería viable la destitución de los 70 asambleístas que votaron por Gonzáles.

Se ha explicado que la persona que puede pedir la destitución es la jueza Ibarra, ya que existe un descato  a la nulidad que ella emitió.

No obstante, hasta una nueva resolución la Presidencia inhabilitó las cuentas de correo institucionales de Gonzáles, lo que le impide a emitir disposiciones.

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