Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 318, el presidente de la república, Daniel Noboa Azin, declaró el estado de excepción focalizado en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. Esta medida se tomó debido a una grave conmoción interna y conflicto armado interno.
Anteriormente, la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 275, que establecía el estado de excepción en varias provincias del país debido a la persistencia de un conflicto armado interno. Los magistrados determinaron que los argumentos presentados en los decretos no configuraban específicamente la causal de conflicto armado interno ni lo justificaban de ninguna manera.
Sin embargo, en esta ocasión, este decreto, con una duración de 60 días, contó con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA). Esta institución elaboró un informe concluyendo que el documento se ajusta al marco constitucional. Además, se detalló que se fortalecerán las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
El documento de 49 páginas dedica las primeras 45 a la exposición de motivos. Entre ellos, se menciona «el incremento de hostilidades, el cometimiento de delitos y la intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados» en las jurisdicciones afectadas. Así mismo, se ordena la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia para permitir inspecciones, allanamientos y requisas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En esta ocasión, tras dos fracasos previos, el Gobierno inició una campaña publicitaria para promover el estado de excepción.
A pesar de que este decreto entra en vigencia de inmediato, su permanencia dependerá del análisis mandatorio de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse en los próximos días.