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miércoles, 22 julio, 2026

Correísmo busca evitar demanda contra Aquiles Álvarez

Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables antepuso una denuncia ante la Fiscalía del Guayas. La denuncia recae sobre la empresa Copedesa, cuyo accionista figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, familiares y otras personas.

La denuncia responde a supuestas irregularidades en la comercialización de combustibles. Ante esta acusación a través de cuenta de Correa en “X” señaló que este hecho responde a una “venganza” a una “persecución política que busca destruir a la Patria”.

Tras ello, el alcalde guayaquileño y la legisladora oficialista, Lucia Jaramillo tuvieron un altercado en la red social X en que insultos como “Niña vaga” y “Cavernícola” fueron intercambiados. La razón surgió tras declaraciones de la bancada de ADN explicará los objetivos del Frente parlamentario de Lucha contra el tráfico de Combustibles.

Lucia Jaramillo, del partido ADN manifestó: que existen incongruencia en los pactos comerciales que realizó la empresa Copedesa “Solo en 2023, 123.000 mil galones de combustible subsidiado que equivalen a 350.000 dólares que fueron otorgados a un solo cliente a través de varias comercializadoras no autorizadas en Guayaquil”.

Así mismo Jaramillo aseguró que “Nadie está por encima de la ley”, e invitó a otros colegas asambleístas a este Frente.

Correismo a la carga: van contra Lucía Jaramillo por denuncia contra alcalde
de Guayaquil

Por ello, la bancada de Revolución Ciudadana a través de la legisladora Victoria Desintonio solicito al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la suspensión de Lucia Jaramillo por falta grave. La causa correspondería al mal uso de las instalaciones de la Asamblea Nacional al anunciar la fiscalización a la empresa Copedesa del alcalde Guayaquileño y familiares por el supuesto delito del comercio irregular de combustibles.

Esta infracción afectaría el artículo 170 de la ley de la Función Legislativa sobre el “Uso indebido de las instalaciones de la Asamblea Nacional”. Por lo que, se pide una suspensión sin remuneración de 9 a 30 días.

Según la queja presentada, en las declaraciones formuladas por Lucía Jaramillo se establecen dos elementos: el primero que la asambleísta desarrolló esta indebida rueda de prensa en el Palacio Legislativo. Mientras que, la segunda, es haber expuesto un proceso de fiscalización y control político de una empresa privada denominada Copedesa.

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