El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó este jueves 5 de septiembre la reactivación del juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar. El pasado 19 de agosto la fiscal solicito retomar el litigio tras ser pausado debido a su diagnóstico de embarazo de riesgo.
Además, se autorizó que la Comisión de Fiscalización y Control Político retome la sustanciación de las solicitudes presentadas por Gissela Garzón y Héctor Valladares. El proceso lo gestionan los asambleístas afines al correísmo y cumplan a la fiscal por presunto incumplimiento de funciones, encubrimiento de casos de lavado de activos.
Ante ello, Salazar señalo “Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que con mi equipo hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”.
La asambleísta de RC, Gissela Garzón señaló que la denuncia que planteó contra la fiscal corresponden a «demoras y demás ineficiencias alrededor de los casos inapapers, León de Troya, Sobornos». Y, aseguró que su solicitud fue presentada y noviembre por lo que no tiene que ver con la denuncia de su compañero de bancada.