El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira comentó que tanto el gobierno y las entidades de control investigan el problema de los excesivos cobros de multas de tránsito. Indicó que la Procuraduría se pronunció sobre la legalidad de la denuncia presentada contra las empresas privadas.
Lo cual al ser positiva se pudo suspender la operación de los fotorradares. Además, la Contraloría abrió un examen especial con el que se detectarán responsabilidades civiles y penales de funcionarios inmersos en esta trama.
Con los resultados de esa investigación, desde el Gobierno plantearán la denuncia penal ante la Fiscalía. En El Oro, se recaudó 7.4 millones de dólares por concepto de multas de tránsito entre diciembre de 2023 y junio de 2024.
El margen de ganancia para la empresa privada fue del 45% mientras que para la Comisión de Tránsito fue del 55%. Similar situación en Manta con el Consorcio Tránsito Seguro (CTS) de Manta representado por el candidato presidencial Jan Topic.
En el contrato de CTS se le adjudicó la operación de los fotorradares por 10 años y donde el margen de ganancia para ese consorcio es del 60%, mientras que el 40% para la municipalidad. El secretario calificó a estas de “burdas estafas para los ecuatorianos” a quienes, según el secretario de Estado, les cobraron sin existir un sustento técnico.
Este es un problema donde se evidenció que existen radares no calibrados, instalados incorrectamente, no operativos, sin sustento ni normativa, que dictaban las multas.