Según la Secretaría de Integridad Pública y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), el presunto contrabando y tráfico de combustibles señala a las compañías de Aquiles Álvarez y, hermanos.
El presunto delito se realiza bajo una estructura que usa a las empresas ahora investigadas que compran el diésel subsidiado a Petroecuador para un segmento específico. Dichos segmentos son: automotriz, industrial, o naviero; pero en realidad el combustible era desviado de segmento.
El perjuicio al Estado causado por el desvío de diésel subsidiado supera los 94 millones de dólares. Calculo obtenido por la diferencia entre el precio del diésel con subsidio y el precio sin subsidio y multiplicado por el número de galones vendidos en los años 2021, 2022 y 2023.
Por ejemplo, se identificó que el diésel subsidiado, a través de la compañía Gasquil S.A. y Copedesa Gasgroupco S.A., fue desviado a Corpalubri S.A. Dicha transacción resulta errada por que se hizo del segmento automotriz al industrial, según consta en la denuncia.
Estas empresas, además de Alva3, Fuelcorp S.A., y Ternape Petrolium son parte del emporio de los hermanos Álvarez Henríquez ahora investigadas por la fiscalía general.