El Consejo de Administración Legislativa (CAL) con cinco votos afirmativos calificó a trámite el juicio político contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública durante el Gobierno de Guillermo Lasso. El asambleísta de Revolución Ciudadana, José Vallejo acuso al exfuncionario de presunto incumplimiento de funciones.
La documentación relacionada al proceso será remitida a la Comisión de Fiscalización y Control Político, para iniciar formalmente la sustanciación de la solicitud del juicio. El legislador Vallejo impulso este proceso porque Corral ejercía un cargo público mientras mantenía contratos con el Estado.
De acuerdo al articulo 152 de la Constitución se prohíbe que las «las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras» ejerzan el cargo de ministro mientras mantengan un contrato con el Estado. Sobre todo, si se trata de contratos para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.
Corral era accionista de las compañías Teleamazonas Guayaquil S. A. y Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. Ambas empresas mantienen contratos de concesión de frecuencias prorrogadas con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
Además, Vallejo intenta llevar a juicio político a Corral por sospechas de presunto enriquecimiento no justificado.