Durante la temporada seca, Quito sufrió vivió incendios forestales que afectaron seriamente a la capital, registrando 317 incidentes. El más grave ocurrió el 29 de octubre en Guápulo, donde las llamas afectaron varias viviendas.
Las autoridades señalaron que la mayoría de estos incendios fueron provocados intencionalmente. Por lo cuál se emprendieron indagaciones para dar con los responsables por ello, se registraron 18 procesos legales en curso en Quito, de los cuales 15 fueron impulsados por la Procuraduría del Municipio y el resto por el Cuerpo de Bomberos.
Tras indagaciones se logró aprehender a nueve sospechosos y cuatro personas detenidas por los incendios de Eloy Alfaro, Guápulo, El Panecillo y el río Chiche.
Uno de los implicados fue un taxista captado por cámaras en el momento de ocasionar el incendio. Un juez le impuso medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico.
Mientras tanto, la Fiscalía está por concluir la instrucción fiscal y se espera el juicio en 90 días. En cuanto al caso de Eloy Alfaro, la audiencia de procedimiento directo se realizará el 6 de noviembre, y Guápulo se espera la reanudación de la audiencia.
En cuanto al caso del Panecillo, la audiencia está pendiente por diferimiento, y para el caso del río Chiche, la audiencia está programada para el 12 de noviembre. Por otro lado, en un informe de la Secretaría de Ambiente y el Cuerpo de Bomberos se estima que los daños por los incendios ascienden a medio millón de dólares, monto que deberá ser cubierto por los responsables, exclamó el Municipio.
En cuanto a términos legales, los involucrados deberán responder al artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de uno a tres años de prisión para quienes provoquen incendios en bosques. Sin embargo, la pena aumenta en un tercio por la afección de áreas protegidas, ecosistemas vulnerables.
La decisión en cuanto cargos y sanciones deberán ser expuestos por el Municipio de Quito, el Ministerio de Ambiente, el Cuerpo de Bomberos y la fiscalía general del Estado.