El presidente Daniel Noboa emitió el pasado 2 de enero el Decreto Ejecutivo 493, estableciendo un nuevo estado de excepción en siete provincias y tres cantones por 60 días. Además, se impuso un toque de queda nocturno en 22 cantones afectados por la violencia y el conflicto armado interno.
El estado de excepción, decretado bajo la causal de grave conmoción interna y conflicto armado interno, abarca las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, además de los cantones La Troncal (Cañar) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay). También incluye el Distrito Metropolitano de Quito.
Durante este periodo, las Fuerzas Armadas estarán movilizadas, y se suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.
El toque de queda restringe la libertad de tránsito de 22:00 a 05:00 en los cantones señalados, que incluyen sectores estratégicos de Guayas, Los Ríos, Orellana y Sucumbíos. Entre ellos están Durán, Quevedo, Babahoyo, La Joya de los Sachas, Lago Agrio y Shushufindi.
Quienes incumplan esta restricción enfrentan sanciones legales según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas de hasta tres años de prisión.
Este decreto ocurre cerca de un año después de que un grupo armado tomara en vivo el canal TC Televisión, evidenciando una crisis de seguridad que ha mantenido al país en estados de excepción continuos. El Gobierno busca contener la creciente violencia mediante estas medidas, aunque el impacto a largo plazo en la población genera debates sobre su efectividad.