El 13 de enero de 2025, Alexis García, coordinador de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, presentó un recurso de apelación ante el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) en representación de la ministra Ivonne Núñez. El recurso busca anular la sentencia emitida el 23 de diciembre de 2024 por la jueza Nubia Vera, que levantó la sanción de 150 días sin remuneración impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad.
Fundamentos de la apelación
El Ministerio de Trabajo argumenta la nulidad de la sentencia por varias razones:
- Vulneración al derecho a la defensa y garantías constitucionales
- El recurso señala que la jueza Vera violó el artículo 76.7 literal k de la Constitución, que exige que los ciudadanos sean juzgados por jueces independientes, imparciales y competentes, no por «tribunales de excepción o comisiones especiales creadas para el efecto».
- Legitimación indebida y suspensiones excesivas
- Se critica a la jueza por conceder todas las suspensiones solicitadas por la defensa de Abad, incluso cuando estas fueron producto de negligencia de los mismos demandantes.
- Cosa juzgada constitucional
- La apelación sostiene que el caso ya fue resuelto previamente mediante acción de protección No. 17282-2024-01862, que reconoció la competencia del Ministerio de Trabajo para iniciar el sumario administrativo contra Abad.
- Inexistencia de afectación a derechos fundamentales
- El Ministerio argumenta que la suspensión sin remuneración no vulnera derechos políticos de Abad, ni justifica el uso de una acción de protección.
Cuestionamientos a las medidas de reparación
La apelación considera desproporcionadas y excesivas las medidas de reparación ordenadas en la sentencia, entre ellas:
- Disculpas públicas en cadena nacional: Consideradas irrelevantes para los derechos supuestamente vulnerados.
- Colocación de una placa: Calificada como excesiva y sin sustento constitucional.
- Pago de remuneraciones: El Ministerio sostiene que este tema debe ser tratado en la vía contencioso-administrativa, no constitucional.
Además, se cuestiona que la sentencia escrita incluyera disposiciones no mencionadas en la resolución oral, violando principios constitucionales. Ante ello, la ministra Núñez solicita:
- La revocatoria de la sentencia apelada y el rechazo de la acción de protección presentada por Abad.
- El respeto al término de ocho días establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para dictar sentencia.
El recurso enfatiza que los actos administrativos impugnados no violan derechos constitucionales y pueden ser cuestionados en la vía judicial ordinaria. El Ministerio de Trabajo mantiene su posición de que el sumario administrativo cumplió con los procedimientos legales y que la acción de protección fue indebidamente utilizada.