Este jueves 30 de enero, en Latacunga, Fiscalía presentó elementos probatorios para que el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi determine la sentencia de 17 años y cuatro meses de prisión a cuatro implicados como autores del delito de secuestro extorsivo.
Los implicados fueron identificados como Luis C., José C., Fabián C., y Segundo V., quienes están siendo procesados en este caso.
El hecho sucedió el pasado 15 de febrero de 2024 cuando dos estudiantes universitarios salieron de clases y se dirigían por la Panamericana para tomar un bus de transporte público en dirección a Quito y llegar a sus domicilios.
Por otro lado, los sentenciados que viajaban en un vehículo particular se detuvieron y ofrecieron a los jóvenes llevarlos hacia la capital.
Las víctimas aceptaron el traslado y a la altura del Fuerte Patria, los cuatros procesados amenazaron a los estudiantes con un arma de fuego y colocaron objetos cortopunzantes en el cuello.
También, ataron sus manos y exigieron a los familiares de cada uno que depositaran la cantidad de USD 500 por cada uno, en caso de no recibir el dinero amenazaron con quitarles la vida.
Mientras tanto, los jóvenes permanecieron secuestrados durante tres horas hasta que sus familias puedan reunir la cantidad solicitada y luego procedieron a realizar el depósito. Luego de ello, las víctimas fueron abandonadas en el sector de Pujilí.
La Policía Nacional recibió la alerta a través del ECU 911 que logró rastrear la ubicación en un teléfono de uno de los afectados, cuya señal indicó que se encontraban en el redondel de Pujilí.
Los uniformados lograron identificar a los delincuentes en el sector, quienes al notar la presencia policial intentaron huir.
Pero, en el intento de evadir a la autoridad, los procesados arrojaron los objetos sustraídos por la ventana del auto y finalmente fueron aprehendidos en delito flagrante.
Fiscalía presentó en la audiencia de juicio el testimonio de una de las víctimas directas, dos testimonios de los familiares de los jóvenes, el de la médico legista quien detalló las lesiones que sufrieron los afectados debido a las agresiones.
Además, testificó el perito encargado que elaboró el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias recabadas como dinero, teléfonos celulares, un destornillador y objetos robados.
Este caso se judicializó según el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Donde, se tomaron en cuenta las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 47, numerales 5 y 14, que contemplan la participación de dos o más personas en el delito y la afectación a varias víctimas.
