La jueza Nubia Vera acudió a la sede del Ministerio de Trabajo en el norte de Quito para verificar que se cumpliera con la colocación de una placa con disculpas públicas a la vicepresidenta Verónica Abad, tal como lo ordenó en su sentencia del 23 de diciembre de 2024. Sin embargo, al encontrar que el texto de la placa era ilegible debido al color de las letras y el fondo transparente, la jueza rechazó la placa.
El texto de la placa, que se había colocado en una pared blanca, era difícil de leer a simple vista, lo que llevó a la jueza a considerar que no cumplía con la sentencia en favor de Abad. El fallo de Vera había suspendido una sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, que había abierto un sumario administrativo a la vicepresidenta por supuesto abandono injustificado del trabajo.
En el fallo se establecieron medidas reparatorias, incluyendo disculpas públicas. El 26 de diciembre de 2024, el Ministerio de Trabajo publicó un mensaje de disculpas públicas a través de su cuenta en X, como cumplimiento parcial de la sentencia. Sin embargo, la jueza Vera notificó al Ministerio que esas disculpas debían ser transmitidas en cadena nacional a través de los medios de comunicación más importantes, y estableció un plazo de 72 horas para su cumplimiento, que venció el 15 de enero de 2025.
En esta nueva ocasión, al no considerar que el ministerio había cumplido con el fallo, la jueza estableció un nuevo plazo para la ministra Ivonne Núñez, quien deberá colocar una placa con una frase específica: “Aquí se respeta la Constitución, los tratados internacionales, a los servidores públicos y a los trabajadores en general”, utilizando materiales de bronce, con letras negras y legibles, y en una pared determinada del ministerio. Vera volverá al Ministerio de Trabajo el lunes 24 de febrero para verificar si se ha cumplido con lo ordenado antes de tomar medidas adicionales.
Por otro lado, los abogados de la vicepresidenta Abad han solicitado que se impongan multas y que el caso sea enviado a la Corte Constitucional para determinar la posible destitución de los funcionarios responsables de desacatar la orden judicial.