El sindicato de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) anunció que la postura en contra de la adjudicación de contrato del campo Sacha por parte del Gobierno a una nueva empresa para que maneje su operatividad.
Los activistas pretenden defender el bienestar de los ecuatorianos en oponerse a que el presidente entregue las instituciones públicas y en particular las empresas que dan rentabilidad a los ciudadanos.
José Villavicencio Cañar, presidente de la UGTE recalcó que, así como no han permitido que algunas entidades, sea privatizadas, no dejarán que pase lo mismo con Sacha.
Es así que las organizaciones sociales “condenan esta decisión” de entregar el campo Sacha a una empresa china. Los activistas catalogaron como el “peor atraco” que sucedería en el Ecuador la determinación del presidente Daniel Noboa.
Por otro lado, llama la atención que no se han realizado los procesos adecuados como convocar a una licitación para adjudicar el manejo de Sacha. Esto también sería considerado como un acto inconstitucional al violar el artículo 3 en el que establece que estos procesos se los deben ejecutar de acuerdo a la ley.
Villavicencio criticó la manera en cómo avanza este proceso debido a que se dictamina acuerdos o decretos presidenciales sin pasar por la normativa judicial.
Es así que los activistas hacen un llamado al pueblo ecuatoriano a unirse y tomar acciones para defender el patrimonio que pertenece al país.
Por otro lado, el presidente informó que este miércoles 6 de marzo de 2025 se llevará a cabo una reunión con los diferentes sectores a las 16:00 en donde se tomarán acciones legales para defender lo que pertenece a los ciudadanos.
Además, el integrante de la UGTE anunció que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y sus organizaciones presentarán en la Contraloría General del Estado un examen especial para determinar de manera inmediata cual fue el proceso legal por parte del Gobierno para entregar el campo petrolero a manos privadas.
También el UGTE hizo un llamado para que se pronuncie la Asamblea Nacional sobre la posible violación a la Constitución. De ser así, se iniciaría un juicio político en contra de la ministra de Energía, Inés Manzano.
En la carta dirigida a la ciudadanía que realizó el presidente Daniel Noboa sobre la adjudicación del campo Sacha, aseguró que su gobierno prioriza la transparencia y el bienestar del país. Noboa condicionó a Sinopetrol que debe desembolsar la prima hasta el 11 de marzo a las 21:00 caso contrario no se firmará el contrato.
Las organizaciones sociales asumen que al no firmarse el contrato con la empresa extranjera no quiere decir que no se realizará la adjudicación, el Estado buscará otras industrias para ejecutar lo planteado.
David Almeida, Secretario del sindicato de Petroecuador ha señalado graves implicaciones económicas derivadas de la concesión del Campo Sacha al consorcio Sinopetrol.
Según una certificación de reservas avalada por la NSAI, el valor de las reservas en el campo Sacha se estiman en 14 mil millones de dólares, de los cuales el 10% se utiliza para la reinversión en el proceso de extracción, dejando una margen de utilidad de alrededor de 12 mil millones de dólares.
Sin embargo, se cuestiona el acuerdo alcanzado con Sinopetrol, ya que el viceministro de Hidrocarburos indicó que la renta para el país derivada de esta concesión sería de solo 600 millones de dólares, lo que representaría una pérdida significativa, comparado con lo que el Estado recibiría con una operación propia.
A pesar de los cálculos que indican 600 millones, se cuestiona la exactitud de los números, ya que las actas de negociación sugieren que el verdadero monto sería de solo 400 millones de dólares, lo que implicaría una pérdida de hasta 8 mil millones de dólares para el Estado ecuatoriano.
Además, se advierte sobre otro inconveniente técnico, ya que parte del crudo del Campo Sacha actualmente ayuda a alimentar las refinerías cercanas. De acuerdo con la comitiva, el crudo que se recibiría de Sinopetrol sería de menor calidad, lo que podría afectar la eficiencia de las refinerías.
Si el Estado tiene que comprar crudo de menor calidad a precios internacionales para compensar la diferencia, esto representaría un coste adicional significativo, afectando aún más las finanzas públicas y la calidad de la refinación del crudo ecuatoriano.
Esta situación sigue siendo un tema polémico de discusión en el país, con varios sectores sociales y políticos cuestionando la legalidad y la conveniencia económica de esta concesión. «El peor atraco»: rechazo total a entrega de Sacha.