La fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien debería terminar su periodo en abril de 2025, enfrenta una prórroga inevitable de sus funciones debido a los retrasos en el concurso para su reemplazo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de organizar el proceso, comenzó a tratar el tema en septiembre de 2024. Sin embargo, casi seis meses después, aún no se ha conformado la comisión ciudadana que supervisará el concurso, un paso previo necesario para su inicio.
Además, la destitución de la Liga Azul, vinculada al correísmo, había generado expectativas de que el nuevo Pleno del CPCCS avanzara rápidamente con los concursos pendientes. No obstante, Gonzalo Albán, uno de los consejeros principales, indicó que el proceso se ha complicado.
Albán explicó que factores administrativos, como la determinación de dietas para los comisionados, están dificultando la realización de los concursos, incluido el de fiscal general.