El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, inició el 15 de marzo un recuento de los hechos clave en el caso Liga2. En este proceso, tres exconsejeros y una actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) enfrentan cargos por asociación ilícita. Según Toainga, el caso expone cómo la entidad encargada de elegir autoridades nacionales se convirtió en una plataforma de influencia política.
El CPCCS fue concebido como un organismo independiente para la selección de las principales autoridades del país. Sin embargo, la institución se ha visto expuesta a intereses políticos, convirtiéndose en un objetivo estratégico para quienes buscan controlar el Estado.
En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a los consejeros Augusto Verduga, David Saltos y Juan Javier Damián Loor por infracciones electorales ligadas a la promoción política de la Revolución Ciudadana. Ahora, desde el 15 de marzo, la Fiscalía impulsa una investigación penal contra ellos.
Durante un allanamiento realizado el 24 de enero en las oficinas del CPCCS en Quito, la Fiscalía incautó los teléfonos del exconsejero Augusto Verduga. Los datos extraídos revelaron estrategias presuntamente delictivas para controlar la institucionalidad estatal.
Toainga afirmó que los exconsejeros incurrieron en tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones de autoridades competentes y usurpación de funciones. La investigación sigue en curso y podría derivar en nuevas imputaciones.
Nuevas revelaciones de la Fiscalía exponen cómo los consejeros del CPCCS utilizaban seudónimos en grupos de WhatsApp y Telegram, como «Buró 2.0» y «Apoyándose», para coordinar estrategias y ocultar su identidad. Según las investigaciones, en estos chats se planificaban designaciones de autoridades, negociaciones de cargos y acercamientos con políticos, lo que refuerza la sospecha de una estructura ilícita para controlar el Estado.
En otra aplicación, Augusto Verduga usaba el alias «Mónica Ertl», Eduardo Franco Loor «Justiciero» y Yadira Saltos «Minerva». Entre las conversaciones filtradas, se reveló un chat entre «Mónica Ertl» y un contacto llamado «Kent», donde discutían evitar la posesión de Roberto Romero en la Superintendencia de Bancos (SB) y asegurar el nombramiento de Raúl González, considerado un aliado clave.
Uno de los mensajes atribuidos a «Mónica Ertl» señala: “Por eso es importante el respaldo de la Asamblea y que VV no posesione al otro. Sin la Super de Bancos, Luisa (González) gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco».
Los chats también evidencian cómo los consejeros vinculados a la Revolución Ciudadana se autodenominaban la «liga azul» y planificaban recusaciones contra jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para retrasar fallos en su contra. En una conversación entre «Mónica Ertl» y «El Cónsul», mencionaban haber «recuperado la mayoría» en el CPCCS y la necesidad de mantenerla.
Ante la gravedad de estos hallazgos, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, presidida por la legisladora Inés Alarcón (ADN), convocó a varias autoridades para el 19 de marzo. La Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos y el CPCCS deberán comparecer para informar sobre «los chats de conocimiento público».