En una medida que marca un giro radical en la política migratoria de Argentina, el presidente Javier Milei firmó un decreto que elimina la atención médica gratuita a extranjeros que no cuenten con residencia permanente, y establece nuevos requisitos para el ingreso y la permanencia de migrantes en el país.
Según el Gobierno, los ciudadanos extranjeros que ingresen a Argentina deberán contar con un seguro de salud privado y demostrar medios económicos suficientes para sostenerse.
Además, los migrantes transitorios o temporales ya no podrán acceder a hospitales públicos sin costo, y se impondrán aranceles para estudiar en universidades públicas, salvo que se cuente con residencia permanente. De igual manera, la educación primaria y secundaria seguirá siendo válida para residentes.
Las nuevas medidas se han manifestado por medio de un comunicado oficial. Posterior a ello, el portavoz presidencial, Manuel Adorni en un conferencia de prensa en la Casa Rosada en Buenos Aires. Detalló las principales medidas, que incluyen la eliminación de la gratuidad en la atención médica y la educación pública para extranjeros sin residencia permanente, así como el endurecimiento de los requisitos para la obtención de la residencia y la ciudadanía.
El Ejecutivo justificó estas medidas afirmando que en 2024 se gastaron más de 100 millones de dólares en atención médica a extranjeros, y que es necesario priorizar los recursos para los ciudadanos argentinos. También se anunció la aceleración de procesos de deportación de migrantes con antecedentes penales y el endurecimiento de los criterios para otorgar residencia legal.
Las reacciones no se hicieron esperar. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición han calificado la reforma como «discriminatoria» y contraria a la Constitución y a tratados internacionales firmados por Argentina. El debate social y político se intensifica, mientras crecen las preocupaciones sobre el impacto humano de las nuevas medidas.