El Colegio de Abogados de Pichincha expresó este viernes 30 de mayo, su firme oposición al Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, presentado por el Ejecutivo. A través de un pronunciamiento técnico y declaraciones públicas de su presidente, Paul Ocaña, la organización gremial señaló múltiples riesgos constitucionales y llamó a la Asamblea Nacional a revisar con responsabilidad el tratamiento de esta iniciativa.
“Este proyecto de ley, en la forma en que está construido, debería ir en la parte ordinaria, mas no como una ley de economía de urgencia. Ahí ya permite que sea en primera instancia y sin ser discutido”, advirtió Ocaña.
Cuestionando la calificación del proyecto como “urgente en materia económica”, lo que, según el Colegio, vulnera el artículo 140 de la Constitución y limita el debate democrático necesario.
Una de las preocupaciones centrales del gremio jurídico es la facultad que se otorgaría al Presidente de la República para declarar unilateralmente la existencia de un “conflicto armado interno” mediante decreto ejecutivo, activando un régimen extraordinario sin controles constitucionales.
“Una de las observaciones que nosotros hacemos es que no se debe permitir que a través de un decreto presidencial exista este nombre de conflicto interno, porque ahí no pasaría por un control constitucional como lo es el estado de excepción”, señaló Ocaña.
Añadió que “la Corte Constitucional ya ha venido por varias ocasiones llamando la atención cuando se ha presentado esta decepción sin motivación alguna y sin fundamento”.
El Colegio también alerta sobre la creación de jueces especializados, medidas cautelares desproporcionadas, prisión preventiva como regla general, incautaciones sin garantías, y un polémico “indulto anticipado” a favor de miembros de las fuerzas del orden, lo cual vulneraría la presunción de inocencia, la independencia judicial y el principio de igualdad ante la ley.
“Por eso nuestro llamado de atención: señores asambleístas, si ustedes aprueban esta ley, no toman el control necesario dentro de lo que están haciendo con este proyecto, mañana, pasado o en un futuro cercano, van a haber demandas de inconstitucionalidad, porque están yendo contra la Constitución, norma constitucional, e incluso contra Derechos Humanos y tratados internacionales” – dijo el presidente del CAP.
En ese sentido, el Colegio de Abogados de Pichincha propone que las reformas sean tratadas mediante el procedimiento legislativo ordinario, con participación técnica, dictámenes de la Corte Constitucional cuando corresponda, y audiencias públicas que permitan deliberación ciudadana.
Finalmente, el gremio reiteró su compromiso con la lucha contra la criminalidad organizada, pero dejó claro que la seguridad no puede alcanzarse a costa del Estado de Derecho ni de los principios democráticos.