El Consejo de la Judicatura oficializó la creación de 17 dependencias judiciales especializadas en materia constitucional a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta decisión responde al mandato ciudadano expresado en la consulta popular del 21 de abril de 2024, que aprobó reformas al sistema judicial.
“En mesa de trabajo de 10 y 13 de enero de 2025, el señor Presidente del Consejo de la Judicatura y las autoridades de cada una de las Vocalías analizaron la propuesta preliminar de dimensionamiento de jueces y dependencias especializadas en garantías jurisdiccionales, estableciendo varias observaciones por lo que se requirió a esta Dirección Nacional trabajar en una nueva propuesta”. – se menciona en el informe.
Las nuevas unidades estarán a cargo de tramitar exclusivamente causas relacionadas con garantías jurisdiccionales como el hábeas corpus, acciones de protección, hábeas data, entre otras. Su implementación busca reducir la carga procesal de las unidades comunes y asegurar un tratamiento más técnico y especializado de los casos constitucionales.
“La creación de estas dependencias no solo cumple con el mandato popular, sino que es una muestra del compromiso del Estado con una justicia moderna, técnica y transparente”, expresó Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Las dependencias se distribuyen en diferentes provincias del país. Unidades de primera instancia se ubicarán en Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Galápagos, mientras que salas de segunda instancia funcionarán en Azuay, Tungurahua, Pichincha, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Las nuevas dependencias comenzarán con carga procesal cero y serán evaluadas tras su primer año de funcionamiento para medir su eficacia y realizar ajustes, si son necesarios. Además, el 44% de las causas constitucionales del país se concentran en Pichincha y Guayas, lo que justifica su implementación estratégica en estas provincias.
Esta reforma refuerza el proceso de transformación institucional del sistema judicial y responde al compromiso del Gobierno ecuatoriano por un Estado de Derecho que garantice el respeto pleno a la Constitución y los derechos ciudadanos.