En una rueda de prensa realizada este lunes, la nueva portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, anunció una serie de medidas clave para fortalecer el control estatal, reactivar procesos estratégicos y optimizar el uso de los subsidios públicos. Estas acciones forman parte de la hoja de ruta del Gobierno para mejorar la eficiencia institucional y la sostenibilidad fiscal del país.
1. USD 229 millones para combatir la minería ilegal
El Gobierno destinará USD 229 millones a reforzar la fiscalización minera en todo el país. Esta inversión estará dirigida al fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia, en un esfuerzo por enfrentar la expansión de la minería ilegal y preservar los recursos naturales y la seguridad en zonas críticas.
2. Reapertura del catastro minero desde el 16 de junio
Se anunció también la reapertura del catastro minero, que se ejecutará en tres fases a partir del 16 de junio. Este proceso permitirá reactivar inversiones formales en el sector, bajo un nuevo esquema de regulación y priorizando el desarrollo responsable.
3. Auditoría a Petroecuador, CNEL y Celec
En línea con los compromisos de transparencia y eficiencia, se llevarán a cabo auditorías en tres empresas públicas clave: Petroecuador, CNEL y CELEC. El objetivo es identificar debilidades estructurales, corregir ineficiencias y garantizar el buen uso de los recursos estatales.
4. Fin al subsidio del diésel para el sector atunero
Se eliminará el subsidio al diésel que actualmente beneficia al sector atunero industrial, manteniéndolo únicamente para embarcaciones artesanales. Esta decisión busca focalizar los apoyos estatales en los sectores más vulnerables, reduciendo el gasto fiscal sin afectar a los pescadores de pequeña escala.
5. Eliminación del subsidio eléctrico para grandes consumidores
Finalmente, se informó que se eliminarán los subsidios eléctricos para los usuarios de alto y medio voltaje, como parte de una estrategia para reducir el déficit energético y promover el consumo responsable en industrias de alto consumo.
Estas medidas, según explicó Carolina Jaramillo, buscan equilibrar el manejo económico con un enfoque técnico, sin descuidar la justicia social ni la protección de los sectores más frágiles.
“El país necesita decisiones firmes, que apunten a la sostenibilidad y al respeto de los recursos públicos”, señaló.
El Gobierno prevé que estas acciones tengan un impacto positivo tanto en el orden fiscal como en la lucha contra la corrupción y la informalidad en sectores estratégicos.