Representantes de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Colegio de Profesionales en Contratación Pública participaron este jueves 5 de junio en una jornada de análisis técnico y jurídico del proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.
Durante la sesión se abordaron temas claves como la publicidad de la información en los procesos de contratación, la eliminación de la contratación directa y la lista corta en consultoría, el desarrollo del Catastro Nacional de Estudios Técnicos Referenciales, y la introducción de mecanismos para prevenir actos ilícitos, como la inclusión de un artículo sobre la “oferta temeraria”.
El abogado Néstor Toro-Hinostroza, delegado del Contralor General del Estado, planteó reformas para garantizar la transparencia total de los procesos, proponiendo que toda la información sea pública, salvo aquella reservada por ley. También sugirió ajustes en el modelo de financiamiento institucional.
Por parte de la Procuraduría General del Estado, la abogada Vanessa del Pozo respaldó la propuesta legal del Ejecutivo, destacando su enfoque en la simplificación de trámites y la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas para modernizar el sistema. Además, enfatizó la necesidad de precisión en temas como la terminación de contratos.
El Consejo de la Judicatura, representado por Roger Tumalli, recomendó revisar el artículo relacionado con el alcance del control en los procesos, especialmente en lo referente a la preferencia de proveedores que denuncien actos de corrupción. También propuso establecer la figura de la oferta temeraria como medida para combatir el uso indebido de la contratación pública por parte de organizaciones delictivas.
Desde el ámbito gremial, la presidenta del Colegio de Profesionales en Contratación Pública, Lorena Flores, expresó su respaldo a la normativa, al considerar que responde a una demanda histórica del sector: la simplificación de procesos. En ese mismo sentido se pronunció César Camino, fundador del gremio, quien observó que, pese a los avances, aún persisten 27 de los 33 procedimientos especiales existentes.
Los legisladores de la comisión, por su parte, solicitaron una mayor clarificación sobre los criterios de adjudicación, el rol de los consorcios, la capacidad regulatoria del SERCOP, la participación de la economía popular y solidaria, y la emisión de normativa secundaria.
Este diálogo interinstitucional refuerza la construcción de un marco legal que garantice mayor transparencia, eficiencia y equidad en la contratación pública, con miras a combatir la corrupción y fortalecer la gestión estatal.