Jorge Glas, exvicepresidente de la República, ya se encuentra en la Corte Nacional de Justicia en Quito, donde este viernes se instala oficialmente la audiencia de juzgamiento por el caso Reconstrucción de Manabí. Este proceso penal investiga el presunto desvío de más de 1.614 millones de dólares destinados a la reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016.
Glas, junto con Carlos B., exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción, enfrentará juicio como presunto autor directo del delito de peculado, según lo resolvió el conjuez Marco Aguirre el pasado 20 de mayo de 2025.
La Fiscalía General del Estado ha presentado más de 300 elementos de convicción que evidenciarían cómo los fondos recaudados mediante la Ley de Solidaridad fueron usados en proyectos no prioritarios y supuestamente dirigidos a beneficiar intereses particulares, dejando sin atención urgente a las poblaciones damnificadas.
Se identificaron al menos once proyectos irregulares, además de pagos cuestionables por contratos complementarios y de fiscalización, que habrían desviado el propósito real de la ley.
En la misma resolución que llamó a juicio a Glas y Bernal, el juez sobreseyó a otros siete exfuncionarios, entre ellos exministros y directores de instituciones como Ecuador Estratégico, MTOP, Secob e Inmobiliar. La fiscal general del estado em ese entonces, Diana Salazar, apeló esa decisión, considerando que todos los implicados participaron directa o indirectamente en el uso indebido de los fondos.
Tras el terremoto de 7,8 grados que sacudió la costa ecuatoriana, se creó mediante Decreto Ejecutivo 1004 el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Jorge Glas. Posteriormente, se aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad, que recaudó más de 1.614 millones de dólares a través de contribuciones y el incremento del IVA.
Un informe de la Contraloría General del Estado evidenció que gran parte de estos recursos no se destinaron a obras prioritarias, sino a proyectos no relacionados con la emergencia, lo que generó graves observaciones sobre la gestión y el destino del dinero público.
Con la audiencia de juzgamiento ya en marcha, se abre una etapa clave para establecer responsabilidades penales por el manejo de los recursos de la reconstrucción. Este juicio marca un hito en la lucha contra la corrupción en el manejo de fondos destinados a emergencias nacionales, y su desenlace será seguido de cerca por la ciudadanía y organizaciones de control.