Más de 2,5 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 250.000 dólares, han desaparecido de las instalaciones de la Policía Judicial en la provincia de Zamora Chinchipe, donde permanecían bajo custodia como parte de una investigación por presunta minería ilegal.
El material había sido decomisado el 3 de mayo de 2025 en un operativo conjunto liderado por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), con participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE). Durante esa intervención, realizada en la parroquia Cumbaratza, fue interceptada una avioneta modelo Cessna 414A que transportaba el oro, supuestamente extraído de forma ilegal. En el operativo también fueron detenidas dos personas y se incautaron tres teléfonos celulares.
Tras varias diligencias judiciales, la Fiscalía determinó que el oro tenía una procedencia lícita, por lo que el 19 de junio se autorizó su devolución al propietario. Sin embargo, al momento de ejecutar la entrega, se constató que el oro ya no se encontraba en las bodegas de la Policía Judicial.
La desaparición del metal ha generado cuestionamientos públicos y jurídicos. Fernando Gaón, abogado del propietario del oro, solicitó que el caso sea investigado como un delito más grave que hurto, proponiendo su reformulación como presunta asociación ilícita.
El abogado también reconoció que, en el momento de la incautación, los transportistas del oro no portaban la documentación completa que acreditara su legalidad, aunque sostuvo que el cargamento tenía como destino final la ciudad de Guayaquil, donde sería comercializado de manera formal.
Hasta el momento, las autoridades no han anunciado resultados de la investigación interna sobre el paradero del oro ni han señalado responsables dentro o fuera de la institución.
Este caso pone en entredicho los protocolos de cadena de custodia y seguridad dentro de las instalaciones judiciales, especialmente en casos vinculados a minería, crimen organizado y economía ilegal.