En el marco de la Comisión de Garantías Constitucionales, los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, y de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, Washington Tiwi, expresaron su firme respaldo al Proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, destacándolo como un mecanismo de reparación histórica y una herramienta clave para garantizar los derechos de los pueblos originarios.
Leonidas Iza enfatizó que esta ley no debe ser entendida como un simple trámite burocrático, sino como una exigencia legítima que refleja siglos de lucha. “Más que un texto legal, es el reflejo de un reclamo histórico de los pueblos indígenas, afros y montubios. Esta normativa busca garantizar derechos y lograr una legislación transversal, libre de vicios”, afirmó, remarcando el papel fundamental de estas comunidades en la defensa del territorio, la vida, el agua y la producción agrícola.
Por su parte, Washington Tiwi recalcó la importancia de construir la ley de forma participativa y con enfoque plurinacional. Pidió incorporar artículos sobre reparación y remediación, señalando que la normativa permitirá destrabar múltiples conflictos que enfrentan las comunidades, especialmente en zonas afectadas por la minería. Alertó que más del 68 % del territorio de Zamora Chinchipe se encuentra concesionado a actividades mineras, lo que evidencia la falta de control sobre la explotación ilegal.
Durante la sesión, varios legisladores expresaron sus inquietudes respecto a la implementación efectiva de la consulta previa. Plantearon preguntas sobre los mecanismos de participación estatal y comunitaria, los sujetos que deben ser consultados, el concepto de desarrollo territorial y cómo incluir a otros sectores no identificados como indígenas, afroecuatorianos o montubios.
El asambleísta Fernando Cedeño llamó a armonizar la ley con los marcos jurídicos nacionales e internacionales, garantizando que no se vulnere el espíritu de la consulta previa como derecho fundamental.
Esta propuesta legislativa marca un avance crucial hacia la construcción de un Estado verdaderamente plurinacional, donde la participación de los pueblos y nacionalidades no sea una formalidad, sino un principio activo de democracia, justicia social y reconocimiento histórico.