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lunes, 16 noviembre, 2026

Prefectura del Guayas ratifica suspensión del paso elevado en Los Ceibos pese a pedido de Aquiles Álvarez

La Prefectura del Guayas confirmó este 28 de julio de 2025 la medida provisional de suspensión del proyecto de paso elevado vehicular que el Municipio de Guayaquil prevé construir en la intersección de la avenida del Bombero y la avenida Dr. Leopoldo Carrera, en el sector de Los Ceibos.

La decisión fue notificada a través de un acto administrativo emitido por la Comisaría de Ambiente del Gobierno Provincial, donde se informa el inicio de un procedimiento sancionador contra el Municipio por presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos ambientales.

Esta resolución se dio un día después de que el alcalde Aquiles Álvarez hiciera un llamado público, a través de redes sociales, a la prefecta Marcela Aguiñaga. En el video, Álvarez solicitó que no se revoque el Registro Ambiental del proyecto y criticó al Ministerio del Ambiente por, según él, actuar sin fundamentos técnicos. “Confío en su respeto por la Constitución y por una gestión pública eficiente y responsable. Guayaquil no puede pagar el precio del centralismo incompetente”, expresó el alcalde.

Sin embargo, la Prefectura señaló que el proyecto presenta un impacto ambiental clasificado como alto, lo cual requiere una Licencia Ambiental y no un simple Registro. Además, según el informe técnico, el instrumento ambiental presentado no era el adecuado y se habría proporcionado información incorrecta o incompleta, induciendo al error a la autoridad ambiental al momento de otorgar el permiso.

“Se confirma la medida de suspensión de las actividades de acuerdo a lo establecido en el artículo 309 del Código Orgánico del Ambiente”, indicó Salvador Toledo, comisario instructor del proceso.

La decisión también hace referencia a una disposición previa del Ministerio de Ambiente, que el 23 de julio solicitó evaluar la revocatoria del permiso y suspender las actividades del proyecto.

El Municipio tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos. De no justificar el cumplimiento normativo, la infracción podría ser considerada muy grave, lo que abriría la puerta a sanciones administrativas o económicas.

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