La denuncia fue presentada el 15 de agosto y provocó la inmediata separación del sacerdote de sus funciones pastorales. La Comisión de Protección a la Niñez de la Asamblea Nacional sesionó para analizar el caso y activar los mecanismos de fiscalización.
La Fiscalía confirmó que abrió una investigación previa de oficio el 17 de agosto, luego de monitorear medios y redes sociales. Se dispuso la valoración psicológica de los adolescentes y se recordó que hay 11 casos de violencia sexual clerical en seguimiento a nivel nacional. Así lo confirmó Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía
La Defensoría del Pueblo también intervino, con su delegado Rodrigo Varela solicitando a la Conferencia Episcopal datos sobre protocolos de prevención, aunque reconoció que la Iglesia no ha entregado información concreta.
Organizaciones sociales denunciaron lo que llaman un “código de silencio” dentro de la Iglesia Católica, al que señalan como una forma de encubrimiento de la violencia sexual en espacios de fe, según Sara Oviedo, de la Coalición contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe
El caso del sacerdote en Olón se suma a una serie de denuncias que reavivan el debate sobre la responsabilidad del Estado y la Iglesia en garantizar la protección de niños y adolescentes.