Una semana de protestas deja números en rojo. La Cámara de Industrias y Producción calcula pérdidas superiores a 42 millones de dólares en Carchi e Imbabura. A escala nacional, los gremios estiman pérdidas de 6 millones diarios.
Las industrias denuncian desabastecimiento de alimentos y medicinas, bloqueos de carreteras, e incluso secuestro y amedrentamiento a trabajadores y transportistas. En Otavalo, el comercio cayó un 98 % y en Imbabura y Cayambe se desperdició más de un millón de litros de leche, con pérdidas cercanas a 600 mil dólares para pequeños ganaderos.
La floricultura del norte también reporta daños: al menos 7 millones de dólares perdidos por bloqueos y ataques a fincas. Y la crisis se refleja en las estaciones de servicio: las 37 gasolineras de Imbabura se quedaron sin combustible.
Pero detrás de las protestas está una decisión económica de fondo: la eliminación del subsidio al diésel. Para el economista Oswaldo Burneo la medida del Gobierno de Daniel Noboa busca aliviar las cuentas fiscales. El país arrastra un déficit desde el 2014 que supera los 10 mil millones de dólares, un hueco financiero que se ha profundizado con el gasto público.
Aunque la eliminación del subsidio ayuda a reducir el déficit, las paralizaciones y bloqueos provocan pérdidas millonarias que neutralizan el beneficio esperado. La clave, según Burneo, está en si los bonos y compensaciones ofrecidos por el Gobierno alcanzan para evitar que la economía siga en rojo.
Mientras el Gobierno defiende la eliminación del subsidio como una medida responsable, las protestas muestran que el costo social y económico podría ser mucho más alto de lo previsto.