Este jueves, 16 de octubre, la Unión Nacional de Educadores, UNE, interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de la designación de Carlos Alarcón como fiscal subrogante.
Según el presidente del gremio, Andrés Quishpe, la decisión del Consejo de la Judicatura es ilegal y tiene fines políticos. Asegura que desde que Alarcón asumió el cargo, se activaron procesos judiciales en contra de líderes sociales y sindicales.
Quishpe también denunció que no se les permite acceder a los expedientes de los procesos abiertos en contra de líderes sociales y recordó que es el Consejo de Participación Ciudadana y no el Consejo de la Judicatura, el organismo competente para designar autoridades como el fiscal subrogante.
Durante los 15 días que Carlos Alarcón ocupó el despacho de la Fiscalía General, la UNE sostiene que el funcionario habría solicitado archivar la denuncia presentada por Yaku Pérez contra el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi, por presunto conflicto de intereses con la empresa minera Dundee Precious Metals.
Andrés Urresta, abogado de la UNE, indicó que en la demanda de inconstitucionalidad piden a la Corte que resuelva a favor de la medida cautelar para dejar en suspenso provisional esa designación.
El Consejo de la Judicatura designó a Alarcón el pasado 3 de octubre, en reemplazo temporal de Wilson Toainga, quien se ausentó del país por motivos oficiales.
Ahora, la decisión queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si la actuación del Consejo de la Judicatura se ajustó o no al marco legal.

