Carlos Leonardo Alarcón arrancó oficialmente sus funciones como fiscal general subrogante este lunes, durante la audiencia de revisión de medidas en el caso Independencia Judicial. Su estreno llega tras la renuncia irrevocable de Wilson Toainga, quien decidió dejar el cargo para evitar —según dijo— que su prórroga indefinida genere cuestionamientos de legitimidad.
El pasado viernes, Toainga anunció su dimisión mediante una carta publicada por la Fiscalía. Allí afirmó que ya había transcurrido un tiempo prudente desde la extensión de su mandato sin que el Consejo de Participación Ciudadana designe a un reemplazo definitivo, motivo por el cual optó por retirarse del cargo.
Con su salida, Alarcón ocupó la titularidad de forma subrogante. Su designación original se produjo el 3 de octubre, cuando el pleno del Consejo de la Judicatura lo escogió ante la ausencia temporal de Toainga, quien viajó a Brasil para una conferencia internacional.
Ya en la audiencia de este lunes, Alarcón pidió rechazar los pedidos de revisión de medidas de los tres procesados. Entre ellos, Santiago Cifuentes y Milton Herrera, exasesores del Consejo de la Judicatura, quienes solicitaron sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas. También Olga Vivanco, sentenciada que pidió el levantamiento de la prohibición de enajenar bienes.
El caso Independencia Judicial mantiene como sentenciados al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y a la exvocal Maribel Barreno. Ambos fueron condenados en 2024 por obstrucción de la justicia, junto con siete exfuncionarios más, acusados de integrar una red que entorpeció las actuaciones del juez Walter Macías en el caso Vocales.
Según la Fiscalía, el grupo habría maniobrado suspensiones y destituciones para frenar decisiones judiciales. Las penas varían entre cuatro y medio años y nueve años con cuatro meses, mientras que uno de los procesados recibió una reducción al colaborar con la investigación. Dos exservidores fueron sobreseídos.
El Tribunal de la Corte Nacional escuchó las intervenciones durante más de cuatro horas. Finalmente, la audiencia fue suspendida sin una fecha definida para anunciar la resolución sobre las medidas cautelares.