La noche de este lunes, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez Jairo García resolvió dictar prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez; además de Fernando Peñaherrera y César Bravo, quienes son investigados por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos dentro del caso Goleada.
Como parte de la resolución, el magistrado también ordenó la incautación de la vivienda donde habita el alcalde junto a su familia, ubicada en La Puntilla, Samborondón, y concedió un plazo de 15 días para que el inmueble sea desocupado. Asimismo, negó el levantamiento de la incautación de siete vehículos de alta gama vinculados a varios de los procesados.
La decisión llega después de que, en abril pasado, un tribunal revocara la prisión preventiva para Antonio y Xavier Álvarez, así como para Bravo y Peñaherrera. Sin embargo, tras concluir la instrucción fiscal el pasado 29 de junio, el proceso avanzará hacia la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
El abogado del alcalde, David Norero, cuestionó además la motivación jurídica de la decisión y sostuvo que la resolución debe sustentarse en los requisitos previstos por la ley y no en criterios ajenos al proceso.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de sustentarse en los presupuestos que exige la ley y empiezan a responder a otra lógica, la justicia deja de ser un contrapeso del poder. Sin jueces verdaderamente independientes no existe Estado de derecho y sin Estado de derecho no existe democracia. Hoy el nombre es Aquiles Álvarez. Mañana puede ser el tuyo.»
El caso Goleada involucra a 26 personas investigadas, entre ellas familiares del alcalde y otros funcionarios. Paralelamente, Aquiles Álvarez enfrenta otros dos procesos penales: los casos Triple A y Grillete, que continúan su trámite por separado en la justicia ecuatoriana.


