Durante casi tres meses, Santiago Ávalos, de 42 años, gerente financiero de una universidad privada de Quito, realizaba auditorías a procesos de compras institucionales. Según la Fiscalía, esas revisiones habrían puesto al descubierto presuntas irregularidades en órdenes de compra gestionadas desde la Dirección de Operaciones.
La investigación señala como principal sospechoso a Galo O., director de Operaciones de la universidad. De acuerdo con las versiones recogidas por la Policía, desde marzo existían constantes desacuerdos entre ambos directivos, debido a que Ávalos tenía la facultad de aprobar o rechazar las adquisiciones institucionales.
Las cámaras de seguridad revelaron que el crimen empezó a planificarse días antes. El 8 de junio, dos funcionarios fueron grabados buscando el vehículo de la víctima en el parqueadero y fotografiándolo.
Dos días después, el propio director de Operaciones volvió al estacionamiento acompañado de otra funcionaria, quien nuevamente tomó imágenes del automóvil mientras otros empleados verificaban si el vehículo permanecía en el lugar.
Para la Fiscalía, esos seguimientos permitieron conocer la rutina del gerente financiero. El 11 de junio, una mujer contrató un vehículo por aplicación para recoger a un adolescente de 17 años, identificado por la Policía como presunto integrante de la organización criminal Los Lobos. Ambos fueron trasladados hasta los exteriores de la universidad para esperar la salida de la víctima.
A las 6 de la tarde con 18 minutos, Santiago Ávalos abandonó el campus en su vehículo. Minutos después fue seguido por una motocicleta y atacado a tiros en el kilómetro 4,4 de la avenida Oswaldo Guayasamín. El informe forense determinó que murió por un traumatismo craneoencefálico y lesiones cerebrales ocasionadas por los impactos de bala.
Con estos elementos, el pasado 9 de julio la Policía ejecutó allanamientos en la universidad y en varios domicilios. Cinco personas fueron procesadas. La Fiscalía acusa a Galo O. como presunto autor mediato del asesinato; a María del Carmen S. y Josselyn V. como coautoras; y a Juan Carlos G. y Juan Pablo G. como cómplices.
El juez dictó prisión preventiva para tres de ellos, mientras que los otros dos deberán presentarse periódicamente ante la justicia y tienen prohibido salir del país.