La lupa de la Contraloría sigue puesta sobre los gobiernos autónomos descentralizados. De los 58 exámenes patrimoniales ejecutados desde 2024 a autoridades locales, 32 concluyeron con indicios de responsabilidad penal y fueron enviados a la Fiscalía para que determine posibles responsabilidades. Así lo informó el contralor general Mauricio Torres.
“Venimos realizando exámenes desde el año 2024 y se han hecho 58 exámenes, de los cuales 32 tienen indicio de penal».
Las auditorías buscan establecer si el patrimonio declarado por los funcionarios corresponde realmente a sus ingresos. Cuando existen diferencias que no pueden ser justificadas, los expedientes pasan a conocimiento del Ministerio Público. Mientras tanto, otros 37 exámenes patrimoniales siguen en desarrollo y sus resultados se conocerán en los próximos días.
El contralor también reveló que los equipos de auditoría han enfrentado amenazas durante las investigaciones.
«»Hay un cantón en la provincia de Guayas que fueron amenazados los auditores. He tenido que abocar yo el conocimiento de este caso, porque ellos fueron amenazados».
Según Torres, la Costa concentra la mayor cantidad de casos relacionados con gobiernos locales debido a debilidades en los mecanismos de control interno. Añadió que la institución trabaja en fortalecer esos sistemas mediante capacitaciones para prevenir nuevas irregularidades.
Como balance de su gestión, el contralor informó que desde noviembre de 2025 se aprobaron 3.592 informes de auditoría. De ellos, 591 contienen indicios de responsabilidad penal. Además, anunció que la Contraloría ya denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades cometidas en administraciones anteriores de la propia entidad, relacionadas con mecanismos que, según afirmó, habrían servido para desvanecer glosas millonarias.
«Estamos sacando aproximadamente cerca de 20, 30, hasta 40 indicios penales por mes, de acuerdo a los exámenes que estamos realizando».
Las investigaciones continúan y la Contraloría anticipó que en los próximos días dará a conocer nuevos resultados de los exámenes patrimoniales que actualmente se ejecutan en distintas entidades del país.