La audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, no pudo reinstalarse este miércoles.
La diligencia debía continuar con la réplica de la Fiscalía General del Estado a los argumentos de las defensas y posteriormente el tribunal debía resolver el recurso. Sin embargo, la audiencia quedó suspendida por la ausencia de dos de los tres jueces que conformaban la Sala.
Se trata de Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, quienes, junto con la jueza Silvana Velasco, fueron suspendidos por 90 días y sin remuneración por el Consejo de la Judicatura.
La medida disciplinaria fue adoptada luego de que los magistrados revocaran la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros procesados en el denominado caso Goleada.
La suspensión dejó habilitada una sola Sala Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado para conocer apelaciones a nivel nacional, lo que ya provocó la suspensión de varias diligencias judiciales.
«Esto ocasiona un retraso en resolver la situación jurídica de personas que, a criterio de esta defensa, permanecen indebidamente privadas de la libertad.» Aseguró Jorge Luis Ortega, abogado del ex juez Klever Tomalá.
En el caso Blindaje, la situación es aún más compleja.
Los dos jueces suspendidos ya habían escuchado parte de la audiencia de apelación. Por ello, las defensas sostienen que, una vez designados sus reemplazos, el proceso deberá empezar desde cero para garantizar el principio de inmediación.
«Lo que corresponde es declarar la nulidad de todo lo actuado, conformar un nuevo tribunal y volver a realizar la audiencia de apelación desde el inicio”, enfatizó Ortega.
La defensa del alcalde de Esmeraldas Gustavo García, señala que, mientras no se nombren oficialmente los nuevos jueces, no existe tribunal que pueda convocar la reinstalación de la audiencia.
«Mientras no se designen los nuevos jueces, no se puede convocar una nueva audiencia. Una vez que se posesionen, se definirá cómo continúa este proceso.»
Las defensas estiman que el reemplazo de los jueces podría tomar entre una y dos semanas. Hasta entonces, la audiencia seguirá suspendida y los procesados continuarán con prisión preventiva, mientras la instrucción fiscal avanza y los plazos legales siguen corriendo.