Tras los asesinatos llevados a cabo en Turi el 3 de abril, el Gobierno reactivó el lunes la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Un centenar de policías participaron en el traslado de cinco presos de alta peligrosidad desde la base aérea de Guayaquil hasta el complejo de la vía a Daule, donde se ubican otras dos cárceles. La Roca fue reactivada después de casi una década de ser suspendida.
Los nuevos reos que serán instalados en La Roca son los supuestos cabecillas de la masacre del 3 de abril en la cárcel de Turi en Cuenca. El Gobierno realizó adecuaciones urgentes para rehabilitar la cárcel de máxima seguridad y trasladarlos lo más pronto posible.
La Roca cuenta con un amplio historial de fugas, asesinatos, huelgas y violencia. El director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, recuerda que la construcción del centro penitenciario se inició en 2006 y desde entonces ya presentaba ciertas irregularidades.
De acuerdo con archivos, el centro carcelario se mantuvo abierto poco más de tres años, entre 2010 y 3013. Tan solo tres meses después de su entrada en funcionamiento, se registraron los primeros intentos de fuga y una explosión que dejó cinco heridos dentro de las instalaciones.
El cierre obedeció, entre otras cosas, a cuestionamientos en las condiciones carcelarias, desde el punto de vista de derechos humanos, según el organismo. El régimen carcelario restringía incluso el acceso a patios exteriores, lo que generó reclamos y huelgas de hambre (o con quema de colchones) de los internos. El aislamiento incluyó en inicio la restricción de visitas.
Pero el aislamiento extremo no impidió que se ejecuten personas, recuerdan desde el CDH. Y es que se registraron una serie de muertes violentas e incluso evasiones en una supuesta cárcel de máxima seguridad.
“No se detuvo la criminalidad y, por otro lado, no se impidió la evasión”, dijo Navarrete. “Porque el problema es el mecanismo mafioso que provoca que estos privados de la libertad adquieran poder, con complicidad de agentes de seguridad”.
Si no se desmontan los mecanismos de corrupción e impunidad el problema seguirá latente, advierte el activista. Es más, el traslado puede generar nuevos inconvenientes. “El Gobierno tiene la potestad de hacer traslados por motivos de seguridad, sobre eso no hay reparos. Pero allí no se agota el problema”, advierte.
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