Este martes 26 de abril, los concejales Luis Reina, Blanca Paucar, Soledad Benítez y Paulina Izurieta acudieron a la Contraloría General del Estado para colocar una denuncia en contra del alcalde de Quito Santiago Guarderas por su presunta participación con empresas en paraísos fiscales.
Con documentos en mano, el concejal Luis Reina afirmó que tienen “nueva información sustentada” en la que se evidenciaría que Guarderas es socio de la compañía Coppa &Pi Inmobiliaria y que esta también es accionista de la Quevedo Ponce Corporated, supuestas empresas en paraísos fiscales.
Los concejales conversaron con los medios de comunicación en los exteriores de la Contraloría y señalaron que el pasado 15 de febrero solicitaron que el Concejo Metropolitano establezca una comisión de la verdad para apoyar al proceso de investigación.
Esta medida surgió con el fin de que el Alcalde presente las pruebas correspondientes y pueda desmentir las acusaciones. Sin embargo, este pedido no contó con la mayoría de votos y la comisión no fue conformada.
Según la concejala Soledad Benítez, el Alcalde ha incumplido con la Ley Orgánica de Paraísos Fiscales, emitida en 2017, en la que se establece que las autoridades que van a ser sujetos de elección popular no tengan sus dineros en paraísos fiscales.
“Debería ser consecuente, mientras no se tenga claridad sobre este proceso lo lógico es que el Alcalde dé un paso al costado”, señaló.
Fuente: El Comercio
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