Cuatro ciudades del Ecuador solicitaron el traslado de la cárcel de máxima seguridad a sus territorios. Esta petición fue luego de que las organizaciones sociales e indígenas y ciudadanos de Archidona se opusieron a la construcción esté en el cantón.
La adjudicación para empezar el proyecto ya estaba en marcha, pero el Gobierno Nacional tuvo que detenerlo debido a que las manifestaciones y reclamos de los moradores de Archidona fueron intensos.
Sin embargo, luego de 10 días de marchas, la noche del 12 de diciembre las protestas en Napo se intensificaron debido a que alrededor de mil ciudadanos se tomaron, simbólicamente, la Gobernación de Napo en donde realizaron una Asamblea y se decidió que la nueva obra no sería aceptada en la ciudad.
Durante los cierres viales, la provincia empezó a vivir un desabastecimiento de víveres y combustible porque los puntos de acceso estaban bloqueados.
La presión ejercida por las comunidades y organizaciones indígenas hicieron que el Ministerio de Gobierno de marcha atrás con la construcción del centro penitenciario en la ciudad. Esto fue anunciado el lunes 16 de noviembre a través de un comunicado oficial.
Dentro del escrito, la entidad aclaró que el centro penitenciario del cantón “que es de mínima seguridad y cuenta con una infraestructura deficiente, será repotenciada en la medida de sus capacidades”.
Luego de la tensión generada por las protestas en Archidona, los alcaldes de Salinas, Santa Elena; Sucre, Manabí; Empalmen, Guayas y Muisne en Esmeraldas enviaron una solicitud formal a José de la Gasca para que sean tomados en cuenta para el traslado de la cárcel de máxima seguridad en sus territorios.
Los GAD mencionados tomaron en consideración que el proyecto de crear una cárcel de máxima seguridad beneficiará al Sistema Penitenciario Nacional. Además, esto tendrá un impacto en el desarrollo socioeconómico de los sectores.
Tras la solicitud de los alcaldes para trasladar la construcción de la cárcel, el Gobierno analizó que Salinas sería elegida para ejecutar el proyecto. La ciudad cumple con los criterios técnicos, logísticos y de seguridad.
La ciudad de Santa Elena, aceptó la invitación realizada por el Gobierno como sede del centro penitenciario de máxima seguridad en el Ecuador.