Diana Salazar, Fiscal General del Estado, en sus redes sociales respondió a los pedidos que la Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, solicitó al Ministerio Público.
«A las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia. «… parecería que desde ciertos movimientos tuvieran como objetivo hacerles el trabajo más fácil, como ha venido ocurriendo en todo este tiempo, porque resulta que es más importante conocer mi ubicación que la de los procesados del caso Metástasis -por ejemplo-, que continúan prófugos», manifestó Salazar.
Esta controversia se originó a partir del 18 de diciembre cuando Aguirre publicó en su cuenta de X la solicitud al fiscal subrogante, Wilson Toainga, en donde indicó que tiene 10 días de plazo para informar a la Comisión de Fiscalización la ubicación de Diana Salazar.
Esto con la intención de saber si la Fiscal General se encuentra ejerciendo sus funciones públicas dentro del país.
La presidenta de la Comisión realizó un oficio al fiscal subrogante donde le consultó “¿bajo qué figura jurídica de licencia o permiso se encontraría ausente?, y ¿quién está sustanciando las causas que se encontraban a su cargo?”
Sin embargo, este pedido surgió después de que Toainga envió a la Comisión de Fiscalización excusándose de comparecer a la mesa donde se inició una investigación por los presuntos chats de Fernando Villavicencio.
La legisladora convocó a los demás asambleístas a esta instancia legislativa en los próximos días.
