Tras la validación de la investigación por parte del juez Javier De la Cadena, el fiscal Wilson Toainga presentó su acusación en el caso Purga, exponiendo cómo Pablo Muentes habría consolidado su control en la justicia del Guayas.
Toainga señaló que los primeros contactos de Muentes fueron con Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, ambos exjueces de la Corte del Guayas. Posteriormente, contrató a Mayra Salazar, sentenciada en el caso Metástasis, para dirigir la campaña que posicionó a Gallardo como presidenta de la Corte, un objetivo que se logró.
Según el fiscal, este nombramiento permitió a Muentes ampliar su influencia en el sistema judicial de la provincia. Como ejemplo, mencionó que el juez Reinaldo Cevallos habría sido cooptado para emitir fallos favorables a Muentes, en el caso contra el Banco del Pacífico, en el que Muentes buscaba obtener una millonaria indemnización en perjuicio de la entidad estatal.
La acusación fiscal detalla la compleja red de corrupción judicial, involucrando sobornos y tráfico de influencias, que habría sido liderada por Muentes con el apoyo de Gallardo y otros exfuncionarios. Este esquema refleja el alcance de las irregularidades que, según la Fiscalía, comprometen gravemente la independencia del sistema judicial en Guayas.