El 24 de enero de 2025, la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento en las oficinas principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito. Según un comunicado oficial del CPCCS, la acción tuvo fines investigativos, y la institución reiteró su compromiso de colaborar plenamente con las investigaciones.
El allanamiento se produce en un contexto de tensiones políticas luego de que una nueva mayoría vinculada al correísmo en el CPCCS designara a Raúl González como Superintendente de Bancos, en reemplazo de Roberto Romero von Buchwald, quien había sido elegido en un proceso respaldado por el Ejecutivo.
La intervención desató reacciones inmediatas en redes sociales. El expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta en X, calificó la acción como evidencia de una «dictadura», señalando:
«¡Están allanando el CPCCS! Vivimos una verdadera dictadura. Regresó Diana Salazar y comenzaron los allanamientos. Mientras tanto, con la decena de delitos encontrados en el celular de Villavicencio, en los que Diana Salazar está directamente involucrada, no han hecho absolutamente nada”.
Minutos más tarde, la Fiscalía a través de sus cuentas sociales esclareció que el allanamiento realizado al interior del CPCCS se trataría del Caso Ligados. Este nuevo caso estaría investigando presunta Usurpación y Simulación de funciones públicas e incumplimiento de Decisiones Legítimas de autoridad competente, por parte de los consejeros de dicha entidad.
