En la provincia de Guayas, este jueves 6 de febrero de 2025, la Fiscalía proceso a tres policías en servicio activo por cometer el delito el delito de concusión.
Los uniformados fueron capturados durante un operativo realizado por la Policía Judicial. Según la investigación en curso, los sospechosos habrían solicitado USD 1 000 a la dueña de un motel a cambio de no detener al administrador.
Es así, que el Fiscal a cargo del caso, durante la audiencia de flagrancia y formulación de casos, presentó elementos de convicción donde presuntamente aparece la participación de los procesados en el hecho.
Además, dentro de las pruebas presentadas constan informes investigativos, partes de aprehensión, evidencia recabada en el operativo como dinero en efectivo, un arma de fuego, videos que registraron el delito y el ingreso a la cadena de custodia.
En la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pedro Carbo, la jueza de turno acogió el pedido de la entidad y dictó prisión preventiva en contra de los policías Kevin Steeven R. Z., Steven Andrés P. Ch. y William Roberto I. I.
Esta investigación se inició luego de que la dueña del motel realizara la denuncia respectiva, según su testimonio, los agentes ingresaron al establecimiento indicando que se encontraban realizando un allanamiento y afirmaron que habrían encontrado un arma de fuego.
Por otro lado, los sospechosos señaron al administrador del lugar como la persona que portaba el arma. Este hecho se lo comunicó a la propietaria para que esté al tanto y mandó a un conocido para mediar la situación.
En ese momento, los procesados presuntamente exigieron la cantidad de dinero para no capturar al colaborador. Dentro de las negociaciones, se ofreció USD 600 a lo que los uniformados se negaron y amenazaron con clausurar el motel.
La interacción fue grabada por las cámaras de seguridad del lugar en cuestión. Tras la denuncia, Fiscalía ejecutó un operativo y aprehendió a los uniformados en las instalaciones de la Policía Judicial.
Aparte de los elementos presentados en la audiencia se decomisó armas de dotación, indumentaria policial, teléfonos celulares, entre otras.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 281, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de concusión con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
