El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad por un período de dos años, tras hallarla responsable de incurrir violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld.
La decisión fue emitida el jueves por el juez electoral Guillermo Ortega, quien determinó que Abad incurrió en una infracción “muy grave” según la legislación ecuatoriana. Además de la suspensión de sus derechos políticos, Abad deberá pagar una multa de 14.000 dólares (equivalente a treinta salarios básicos unificados). También se le ordenó ofrecer disculpas públicas a Sommerfeld en un diario de amplia circulación a nivel nacional dentro de los 30 días posteriores a la ejecución de la sentencia.
Sommerfeld denunció que Abad, basándose en estereotipos de género y relaciones de dominación, atacó su imagen pública con declaraciones injuriosas y discriminatorias. Según la denuncia, estas acciones buscaron limitar los derechos de Sommerfeld como funcionaria pública y afectaron su capacidad de ejercer el cargo en condiciones de igualdad.
Durante la audiencia, la defensa de Sommerfeld presentó pruebas, incluyendo declaraciones de Abad en las que afirmaba haber sido “amordazada” y “secuestrada” por la canciller. El tribunal consideró estas expresiones como actos de violencia política de género, que menoscaban la imagen de una funcionaria en el ejercicio de sus funciones.
El pago de la multa deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la ejecutoria de la sentencia, depositándose en la cuenta de «multas» del Consejo Nacional Electoral. En caso de incumplimiento, el monto será cobrado por la vía coactiva.
El juez Ortega basó su sentencia en el Código de la Democracia, específicamente en el artículo 279 y sus numerales relacionados con actos de violencia política de género. Aunque esta decisión es de primera instancia y puede ser apelada, el juez ordenó la inscripción de la suspensión en los archivos del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional Electoral.
Este fallo se suma a otras sanciones que Abad ha enfrentado. En 2023, fue multada con 8.500 dólares por campaña anticipada durante su postulación a la alcaldía de Cuenca. Además, el Ministerio de Trabajo la suspendió de su cargo por cinco meses, aunque esta decisión fue revocada por la jueza Nubia Vera, lo cual permitía que Abad fuese restituida en su puesto, pero no pudo ejercer plenamente su cargo debido a su designación en una función de consejera temporal en Turquía que decreto el presidente Daniel Noboa.
Tras el fallo, la abogada de Abad, Dominique Dávila, adelantó que podrían presentar acciones ante la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dávila expresó su sorpresa por la rapidez con que el tribunal resolvió el caso, ya que Abad recibió tanto la notificación de suspensión como la negativa a su apelación en el mismo día y a escasas horas de diferencia.
“Nunca he visto un tribunal de justicia que administre justicia tan rápido, la celeridad nos llama la atención” puntualizó Dávila.